ASOPESCA TOCOPILLA A.G.

En la costa del desierto de Atacama, en el norte de Chile, específicamente en la ciudad de Tocopilla, la mayor empresa explotadora de cobre del mundo, la empresa pública chilena Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), tiene un proyecto registrado en el BID-Invest (N.12277-01) de 1.000 millones de dólares para construir una Planta Desaladora de agua para uso industrial en los procesos mineros.

El proyecto fue clasificado por el banco en Categoría A, esto es como una operación de alto riesgo, que podría tener “riesgos o impactos ambientales y sociales potencialmente considerables, diversos, irreversibles o sin precedentes y que generalmente rebasan los límites del sitio del proyecto” y/o con impactos significativos en grupos vulnerables.

A través del Sistema de Alerta Temprana, International Accountability Project (IAP) y su aliada en Chile, la ONG Sustentarse, identificaram una potencial violación a los derechos humanos de comunidades locales, por parte del proyecto de Codelco.

La investigación del caso permitió detectar que los pescadores artesanales de Tocopilla que serán afectados por el proyecto no fueron consultados, ni tuvieron participación en el proceso de evaluación ambiental del proyecto. Tampoco fueron considerados en los planes de mitigación y compensación. El proyecto vulnera directamente sus derechos, incluyendo el derecho a  las servidumbres de pesca en las costas de la región. 

De esa manera, los pescadores y las pescadoras artesanales, afiliados a Asopesca Tocopilla A.G., junto con IAP y Sustentarse, solicitaron apoyo a Instituto Maíra de Brasil, organización que obtuvo financiamiento de Greengrants Fund para elaborar un Plan de Cooperación Internacional.

En octubre de 2018 Instituto Maíra se reunió con los dirigentes de Asopesca Tocopilla A.G. y los siete sindicatos asociados, donde pudieron intercambiar conocimientos acerca de derechos nacionales e internacionales de los pueblos tradicionales; participación ciudadana; derecho a consulta (libre, previa e informada) y mecanismos de denuncia de violaciones de derechos humanos. Estas herramientas le permitieron a Asopesca Tocopilla A.G. fortalecer la estrategia de movilización.

También se realizó una reunión ampliada con participación de las bases comunitarias, que fue momento muy importante para fortalecer la unidad de los pescadores. En esta oportunidad se aplicó una encuesta para identificar y diagnosticar los impactos del proyecto y los derechos que están siendo violados.

Con objeto de difundir y ampliar la movilización , el presidente de Asopesca, junto a representantes de Instituto Maira y Sustentarse concurrieron a entrevistas de aproximadamente 30 minutos de duración cada una, en dos

radioemisoras locales de Tocopilla, las que se emitieron en vivo Además, se estableció una red de apoyo a los pescadores y pescadoras de Asopesca Tocopilla A.G.con participación de la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental (AIDA) y ProAcesso, que se sumaron a la cooperación internacional. 

 

Un producto adicional del trabajo de Instituto Maíra con Asopesca Topcopilla A.G., con el apoyo de IAP y SustentaRSE, fue la redacción de su primer Protocolo de Consulta. Ésta fue una acción muy importante de rescate de la cultura tradicional y de la identidad étnica. El Protocolo de Consulta es un manifiesto público en que Asopesca describe la

naturaleza y misión de la organización y cómo debe ser consultada respecto de proyectos que afecten su modo de vida. También indica la identificación de sus asociados con el pueblo Chango. 

 

El Estado de Chile, como signatario de la Convención 169 (C169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene la obligación legal de reconocer el derecho a la autoidentificación tribal (artículo 2) y de facilitar los medios para que los pescadores y pescadoras afiliados a Asopesca Tocopilla A.G. puedan ejercer su derecho a definir sus prioridades respecto de proyectos de desarrollo que afecten su modo de vida y cultura (artículo 7).

De esta manera, esperamos que el BID-Invest, el Estado chileno y CODELCO, respeten los derechos de estos pescadores y pescadoras artesanales auto identificados como comunidades tradicionales denominadas Changos. Los procesos de consulta ciudadana y el respecto a la diversidad cultural son fundamentales para la construcción de un Chile

próspero y democrático.

 

¡Ningún derecho a menos!